La Revista jurídica latinoamericana (REVJURLAT) es una publicación científica de acceso abierto, especializada en el ámbito jurídico. Su propósito es promover el debate académico y la divulgación de investigaciones originales relacionadas con el derecho y las ciencias jurídicas y políticas.
La función del perdón de la víctima dentro de la justicia restaurativa y su incidencia en la política criminal panameña
Por muchos años, el sistema de leyes se enfocó mucho en castigar cuando alguien cometía un crimen. Con esta idea, el crimen era visto como un ataque al gobierno. El castigo se volvía la forma principal de arreglar lo que estaba mal en las reglas. Pero, hace poco tiempo, salió la justicia restaurativa. Esta ofrece otra forma de ver los problemas de la ley. Busca no solo castigar. También busca arreglar el daño. Además, quiere que las víctimas participen activamente. Desde este punto de vista, el delito se mira como una ruptura entre personas y grupos. En este tema, el perdón de la persona afectada es muy importante en los métodos restaurativos. Esto puede ayudar a reparar el daño en forma simbólica. También ayuda a hablar entre las partes. Y favorece que la sociedad se reconcilie. Pero, el perdón no debe ser una orden para la víctima. Es una opción que sale por voluntad propia en un proceso real. Revisar las leyes de Panamá enseña algo. El sistema de juicios sí usa métodos restaurativos. Por ejemplo, la ayuda de un mediador o acuerdos entre quienes están involucrados. Pero, aún hay barreras de normas e instituciones. Estas hacen difícil usarlos por completo en las estrategias contra el crimen. Por eso, hacer más fuertes los métodos restaurativos puede ayudar al sistema de leyes a tener más credibilidad. También puede impulsar maneras más humanas de tratar el delito. La justicia no debe solo castigar. Debe también arreglar el daño. Y debe ayudar a reconstruir la unión social.
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La dignidad humana en una Constitución mundial:
Este artículo analiza la dignidad humana como fundamento normativo para una posible Constitución mundial en un contexto de crisis climática, interdependencia global y transformación tecnológica. A partir de una revisión de desarrollos recientes, se integran tres pilares: (1) el reconocimiento por la Asamblea General de la ONU (2022) del derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible; (2) la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana, que reafirma la conexión entre ambiente, vida, integridad y dignidad humana, así como obligaciones extraterritoriales de prevención y cooperación; y (3) fallos climáticos innovadores como la decisión del Tribunal Constitucional Federal alemán (2021) sobre justicia intergeneracional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2024) sobre responsabilidad estatal frente a la inacción climática, especialmente KlimaSeniorinnen v. Suiza. El artículo propone principios constitucionales universales —mínimo vital ecológico, proporcionalidad, cooperación reforzada y límites tecnológicos y concluye que la dignidad humana puede articular un modelo policéntrico de gobernanza global capaz de integrar derechos humanos y protección ambiental.
Estrategias de resignificación del territorio en el Posconflicto desde el fomento de acciones de paz y convivencia apropiadas por comunidades educativas rurales:
La violencia escolar y social constituyen realidades culturales que han marcado históricamente los territorios donde el conflicto armado ha dejado su impronta. En este marco, la presente investigación tiene como objetivo, revisar acciones de paz y convivencia adoptadas en escuelas rurales durante el posconflicto y su contribución a la resignificación del territorio. La investigación se fundamenta en la integración e interpretación crítica de aportes teóricos y experiencias documentadas que abordan las acciones de paz, la convivencia escolar y la reconstrucción del tejido social en escenarios afectados por la violencia. Metodológicamente, el estudio se enmarca en un enfoque cualitativo, sustentado en la revisión narrativa como estrategia de análisis e interpretación. La información recopilada fue organizada mediante procesos sistemáticos de categorización y análisis temático, lo que permitió comprender las dinámicas sociales presentes en las instituciones educativas rurales, identificar problemáticas recurrentes y reflexionar sobre el alcance y las limitaciones de las acciones de paz y convivencia implementadas en los territorios. Los hallazgos evidencian desafíos significativos, entre ellos, las condiciones de inseguridad para el ejercicio docente en zonas rurales y la necesidad de fortalecer el sentido de responsabilidad social del profesorado frente a los procesos de construcción de paz. Se concluye que las acciones de paz implementadas en el ámbito escolar trascienden el aula y se proyectan como herramientas de resignificación territorial, en tanto contribuyen a la reconstrucción del tejido social, al fortalecimiento de prácticas democráticas y a la configuración de nuevas formas de habitar y comprender el territorio desde una perspectiva de convivencia y reconciliación.
La propuesta de una Constitución de la Tierra elaborada por Luigi Ferrajoli ha alcanzado un desarrollo técnico considerable en la respuesta jurídica contemporánea a las emergencias civilizatorias. Su diagnóstico de los crímenes de sistema y su arquitectura supranacional de garantías vinculantes constituyen un marco teórico productivo que la doctrina jurídica reciente ha examinado con atención. Dos episodios contemporáneos documentados, el caso del Boeing 737 MAX y la sentencia STC4360-2018 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, muestran sin embargo que la eficacia material de los instrumentos jurídicos diseñados para responder a esa crisis depende, en medida considerable, de las disposiciones concretas de los actores individuales llamados a aplicarlos. Esa constatación abre la cuestión del sujeto moral imputable, entendido como el ser humano concreto sobre quien recae la responsabilidad de las decisiones que comprometen a las generaciones futuras en virtud del poder y del saber que ejerce. La fundamentación ética de Hans Jonas, articulada con la figura del fideicomiso intergeneracional desarrollada en la doctrina iberoamericana contemporánea, ofrece elementos para pensar las obligaciones hacia el futuro como categorías jurídicamente exigibles. La tradición filosófica clásica, desde la prudentia aristotélica, prolongada en la descripción contemporánea del paradigma tecnocrático como deseducación de la virtud práctica, permite caracterizar antropológicamente ese sujeto. La convocatoria al Pacto Educativo Global aparece como respuesta formativa que sitúa la reforma de los sistemas educativos como condición material de posibilidad para que el constitucionalismo global alcance eficacia concreta.
Análisis sobre la vulneración de principios de la bioética en la criogenización de humanos
La criogenización consiste en conservar el cuerpo de una persona fallecida en temperaturas bajas con el fin de que en un futuro este cuerpo tenga dos opciones: despertar íntegramente en su cuerpo o trasplantar su cerebro a un cuerpo robótico. La presente investigación tiene como objetivo analizar la criogenización humana desde la perspectiva bioética, tomando como referencia el caso judicial FD16P00526 (Reino Unido, 2016), en el que se autorizó la criopreservación del cuerpo de una menor de 14 años. Al respecto, se desarrolló un estudio cualitativo de tipo documental y casuístico, con enfoque interpretativo. Se revisaron fuentes académicas y jurídicas, y se aplicó un análisis crítico a partir de los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. El análisis evidenció respeto por la autonomía de la paciente, pero también la ausencia de respaldo científico que compromete la beneficencia, dudas sobre la no maleficencia debido a la manipulación del cadáver, y una clara vulneración del principio de justicia por el elevado costo y la desigualdad en el acceso a la criogenización. La criogenización humana, aunque respeta la voluntad individual, plantea dilemas éticos y jurídicos que requieren regulación internacional. El estudio aporta una reflexión crítica sobre la necesidad de garantizar la dignidad póstuma y de establecer marcos normativos que aseguren el cumplimiento de los principios bioéticos en prácticas científicas emergentes.
Independencia judicial y control de convencionalidad
El control de convencionalidad es un mecanismo que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el evento en que el derecho interno es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados que hacen parte del Sistema interamericano, realizando un examen de confrontación normativa, en un caso concreto, dictando una sentencia judicial y ordenando la modificación, derogación, anulación o reforma de las normas o prácticas internas, según corresponda, protegiendo los derechos de la persona humana, con el objetivo de garantizar la supremacía de la Convención americana de los Derechos Humanos. Los estándares, principios o Lineamientos constitucionales elaborados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus jurisprudencias y opiniones consultivas Forzosamente son Obligatorios para los Estados que hacen parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Estos estándares, principios o lineamientos que forman parte del Control de Convencionalidad constituyen una base Jurídica constitucional que debería ser tomada en cuenta por los Estados al momento de adecuar y perfeccionar sus sistemas constitucionales y el Derecho Interno.
El trabajo examina el principio de justicia en tiempo razonable como elemento estructural del debido proceso, a partir de su reconocimiento en el artículo 32 de la Constitución Política de Panamá y su desarrollo en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se sostiene que este principio trasciende la dimensión temporal, configurándose como un derecho complejo que integra el acceso a la justicia, la investigación efectiva, la existencia de recursos judiciales idóneos y la sanción de los responsables. El estudio enfatiza la incidencia de la denominada “Regla Velásquez”, derivada del caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988), en la configuración de obligaciones positivas del Estado en materia de prevención, investigación y reparación de violaciones a los derechos humanos. Esta construcción jurisprudencial redefine el rol estatal, imponiendo un deber oficioso de actuación que no depende de la iniciativa de la víctima. Asimismo, se analiza el desempeño del sistema judicial panameño durante el período 2017–2024, evidenciando una tendencia sostenida hacia la reducción de la mora judicial y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva. No obstante, persisten factores estructurales que afectan la materialización del tiempo razonable, como la sobrecarga judicial, la reprogramación de audiencias y las tácticas dilatorias. Finalmente, se abordan los criterios jurisprudenciales para determinar la razonabilidad del plazo, destacando la complejidad del caso, la conducta de las partes y la actuación estatal, vinculando su incumplimiento con la afectación directa a la dignidad humana y la obligación de reparación integral.
Sistema Interamericano de Derechos Humanos
La Fase de Ejecución Penal en Panamá, Análisis y Perspectivas
El presente artículo fue desarrollado a partir de una revisión teórica de la problemática concerniente a la fase de ejecución penal en Panamá; asimismo, de una recopilación de los programas y proyectos desarrollados a nivel nacional cuyo propósito radique en mejorar la calidad de vida de la persona privada de libertad y su familia. Mediante el recurso del análisis histórico crítico, se pretende examinar la evolución y vigencia de los documentos institucionales que han regulado el funcionamiento de dichas entidades, además de considerar el impacto de las teorías criminológicas y comunicacionales, estructuras ideológicas, políticas y legales, en la transformación de las diversas instituciones encargadas de esta fase. El objetivo de este artículo es invertir el discurso hacia el fortalecimiento de la función rehabilitadora y reinsertadora de los centros penitenciarios; esbozando diferentes alternativas de trabajo penal que se enfoquen en la prevención del delito y no en el aplazamiento de las liberaciones. No obstante, anteriormente a la fase de ejecución, se hace la revisión breve de la historia general del sistema penitenciario en Panamá, que es el caldo de cultivo para que dentro de la fase de ejecución existan, como se suele decir popularmente, tantos programas como cabezas. Se identifican las particularidades de las prisiones panameñas, influencias de carácter legal y social y se abordan conceptos teóricos claves en prisión como las teorías criminológica y comunicacional; sexualidad e ITS en prisión, identidad de los grupos, condiciones de existencia en prisión y educación en prisión.
principio de individualización de la pena
Derechos de autor 2025 Revista Jurídica Latinoamericana
La audiencia de imputación: más allá del mero acto de comunicación
La audiencia de imputación como acto de comunicación en sede penal ha evolucionado por vía jurisprudencial a través de un importante ejercicio de activismo judicial, en el que por vía de amparo de garantías, la máxima corporación de justicia ha complementado la norma en aras de ampliar el concepto de la función de tutela del juez de garantías. Este trabajo pretende hacer una breve revisión de la línea jurisprudencial que ha desarrollado la Corte respecto de dicha institución procesal penal establecida en el artículo 280 del código de procedimiento penal panameño e introducir algunos hallazgos doctrinales respecto de los controles formal y material en esta etapa.
La importancia de la Imputación de Cargos en los Acuerdos de Penas
La presente obra hace un análisis de los efectos que tiene la formulación de imputación de cargos en una posible negociación de un acuerdo de pena. La imputación de cargos a determinados sujetos es un acto que conlleva ciertas exigencias legales. Las falencias que tenga la imputación de cargos repercuten en las negociaciones de un posible acuerdo de pena, ya que es el acto mediante el cual se sentaran las bases fácticas y jurídicas. En ese sentido, de llevarse a cabo el acto de imputación de cargos con falencias ¿puede el juez de garantía desestimar la imputación de cargos? En ese sentido, el presente trabajo es un ensayo descriptivo realizado con una metodología que nos permite describir la situación basado en una revisión bibliográfica contentiva de doctrina, legislación y antecedentes judiciales; los cuales fueron interpretados y analizados para poder llegar a las conclusiones correspondientes.
El Daño como elemento fundamental de la responsabilidad del Estado
El artículo titulado “El daño como elemento fundamental de la responsabilidad del estado”, tiene como objetivo brindar al lector, una breve descripción sobre la importancia de la demostración del daño causado por el estado con el fin de solicitar indemnización, como parte de la responsabilidad extracontractual de este. Para este artículo se realizó una revisión bibliográfica de algunas doctrinas emanadas por distintos autores y jurisprudencias esbozadas por la Corte Suprema de Justicia, en donde podremos observar que se hace necesario además demostrar la relación de causalidad de este daño producto de la existencia de una conducta culposa o negligente del Estado.
conducta culposa o negligente y nexo causal
Doctrina Derecho Agrario Los Contratos Agrarios y la Teoría General del Derecho Agrario
Vemos que el sector agrícola en Panamá ha crecido lentamente en comparación con el resto de la economía y ha perdido importancia relativa en el producto total durante la última década. Sin embargo, abarca un porcentaje importante de la fuerza laboral y es el principal sustento económico de miles de familias que se dedican a las actividades agrícolas. Y uno de los aspectos que requiere conocimiento son los contratos y los principios que los rigen, es una necesidad del país brindar seguridad alimentaria agropecuaria como parte de la misión y visión del gobierno y su supervivencia como Estado en caso de cambio climático u otra catástrofe global. El nuevo Código Agrario panameño fue creado mediante la Ley No. 55 del 23 de mayo de 2011 y entró en vigencia el 1 de diciembre de 2011; este reemplaza al código anterior que fue creado mediante la Ley 37 de 1962, este código estuvo vigente por cuarenta y nueve (49) años. El presente artículo trata sobre los “Contratos Agrarios”, cuyo tema será el objeto del artículo. A modo de introducción veremos los contratos, pero no podemos olvidarnos de los principios del derecho agrario.
Fecha de recepción, febrero 2020 Fecha de aprobación, agosto 2020 Páginas: 4 En cuanto al uso efectivo de la tecnología avanzada en la producción, tenemos que según Centralamericadata.com, la disponibilidad de internet gratis en infoplazas a nivel nacional, la dotación de computadoras con acceso a internet a escuelas y la implementación del gobierno electrónico, le han permitido a Panamá avanzar en el uso de nuevas tecnologías a nivel latinoamericano en los últimos años. El nivel de desigualdad a lo interno de los países podría aumentar con la creación de un grupo de trabajadores con mayor capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y a los nuevos empleos por una parte, y un gran grupo de trabajadores incapaces de hacerlo, como ocurrió hace algunas décadas con la privatización de empresas estatales. Esos trabajadores buscarán nuevas formas de generar ingresos para subsistir, la cual se produciría en el ámbito de la producción informal, pero la informalidad afecta también al sistema, por la desleal competencia que de suyo implica esta relación de trabajo. Las empresas formales no pueden competir con aquellas que esquivan costos como seguridad social, vacaciones, etc. y por otra parte, la informalidad implica la incapacidad de ser sujeto de crédito por la falta de estabilidad laboral (ingresos seguros a largo plazo para poder pagar los compromisos de créditos), lo cual disminuye drásticamente el funcionamiento del sistema y en consecuencia, el consumo. Por ello, resulta mejor para el sistema, mantener a la mayoría de los trabajadores en el marco de las relaciones formales de trabajo.
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La Prescripción Adquisitiva de Dominio Civil y la Prescripción Adquisitiva Agraria en la Legislación Panameña
Fecha de recepción, julio 2020 Fecha de aprobación, septiembre 2020 Páginas: 5 El estudio tuvo la finalidad de conocer las diferencias entre el proceso de prescripción adquisitiva civil y el agrario (visto desde sus dos acepciones: individual y colectiva), en la legislación panameña; revisamos en primer lugar, las normas que rigen ambos procesos, y la distinción procedimental que presentan. Se revisaron normas civiles y agrarias, relativas a la posesión, la prescripción adquisitiva de dominio civil, la de predio agrario y la colectiva. Se determinaron las diferencias que existen entre el proceso de prescripción adquisitiva civil y el agrario, de conformidad a lo que establece el Código Agrario. Se estudiaron las normas probatorias, que se utilizan en la legislación panameña, para probar este proceso y si estos elementos probatorios, tienen más importancia uno del otro.
Los Estándares de Prueba para las Diversas Decisiones Judiciales
Fecha de recepción, febrero 2020 Fecha de aprobación, noviembre 2020 Este estudio se enfoca en los puntos de referencias para medir la prueba y la ayuda a la decisión del juez en un proceso. Es por ello, que aborda conceptos básicos sobre la prueba y aspectos propios como la valoración de la prueba en materia civil, penal y algunos temas especiales de algunos medios probatorios, y finalmente abordar el tema del Derecho Convencional.Los estándares de las pruebas sirven como reglas y principios para la decisión del juez, además de su función de armonía y paz para la sociedad que requiere respuestas oportunas de los fallos judiciales. Además, es la materialización de una petición de una sociedad que desea que se respeten los principios de la convivencia social. En conclusión, el cumplimiento de estos estándares mantiene la seguridad jurídica de toda sociedad y es garantía del respeto de los derechos fundamentales, que están garantizados y que son protegidos por órganos jurisdiccionales imparciales.
Investigación Analítica de la jurisprudencia emitida en materia de Salud Pública
Fecha de recepción, febrero 2020 Fecha de aprobación, noviembre 2020 La detención preventiva o ahora llamada detención provisional ha sido a través de la historia uno de los mayores males del Derecho Penal, mediante la utilización de esta medida meramente instrumental nuestras cárceles o calabozos infrahumanos se han mantenido embutidos de carne, ya sea culpable o inocente, en este lacónico pero sustancioso ensayo pretendemos proyectar que la privación de libertad bajo ciertos requisitos no debe convertirse bajo ninguna circunstancia en una pena anticipada, dado que los embates que padece una persona en un centro penitenciario no tienen vuelta atrás. Por tanto, el juzgador, al momento de decidir sobre lo que argumenten las partes, debe avocarse a una justificada, proporcional e idónea detención provisional o una libertad bajo ciertas condiciones cautelares.
SUSTENTO JURÍDICO para la obtención de la Prueba Técnica De ADNen los procesos de filiación conforme a nuestro derecho de familia.
Hemos abordado un tema de Familia, con respecto a los alegados “amplios poderes” que ostentan quienes administran justicia, en esa tan especial jurisdicción. A tal efecto, hemos abordado un tema de actualidad como lo es la prueba de ADN, en los procesos de filiación, dado el hecho circunstancial que por su reciente data, se argumenta que nuestra legislación no alcanza a establecer los mecanismos procesales para su obtención. Sin embargo, a criterio nuestro, nada más alejado de la realidad, por ende, pretendemos desde la perspectiva que nos ofrece nuestro ordenamiento legal, establecer los mecanismos con que a la fecha contamos para la obtención de esta prueba de gran utilidad para establecer la verdadera identidad, del individuo en los procesos de filiación. Con ello pretendemos, establecer que procesalmente su obtención es viable, sin que resulte necesario invocar “el interés superior del menor” en cuyo nombre no pocas veces se ha vulnerado el debido proceso y por qué no, los mismos derechos de ese menor.
La Mediación y su aplicabilidadante posibles faltas cometidas por docentes.
El régimen disciplinario en el sistema educativo panameño que se aplica a todos los docentes del país se encuentra regulado en la Ley N° 47 de 1946. Además, de manera especial, se ha expedido el Decreto N° 618 de 9 de abril de 1952. El objetivo del régimen disciplinario es amoldar la conducta de los servidores públicos (docentes) a reglas éticas para que desempeñen sus funciones de la mejor manera y en un clima adecuado. Aunque aplicado al tema educativo, en algunas situaciones, más que represión sería prudente la prevención, como es el caso del proceso disciplinario. La mediación es un novedoso método alterno de solución de conflictos y en Panamá se está tratando de impulsar por los múltiples beneficios o ventajas que ofrece. El artículo 52 del Decreto Ley Nº 5 de 1999 establece que “se instituye la mediación como método alternativo para la solución de conflictos de manera no adversarial, cuyo objeto es buscar y facilitar la comunicación entre las partes, mediante la intervención de un tercero idóneo, llamado mediador, con miras al logro de un acuerdo proveniente de éstas, que ponga fin al conflicto o controversia”. Resultaría ventajoso la aplicación de la mediación en el ámbito escolar y especialmente para solucionar conflictos en donde se vea involucrado un docente y cuya conducta se enmarque en las causales disciplinarias de represión verbal o escrita, ya que esto representaría una reflexión para que el docente recapacite sobre su conducta y una oportunidad de comprometerse a no incurrir en faltas.
Delincuencia asociada a la alteración del Sistema Límbicopor causas ambientales.
En este artículo se verán aspectos anatómicos del sistema límbico y como las experiencias traumáticas en la infancia pueden llevar a alteraciones neurofisiológicas, perjudicando los sentimientos del ser humano llevándolo a convertirse en un delincuente, y, en muchos casos, homicida, comprendiendo de esta manera algunos los factores etiopatogénicos del delito.
La acción constitucional de HABEAS CORPUS en el Sistema Penal Acusatorio
La Libertad corporal es un derecho humano fundamental. Como bien jurídico protegido ocupa un lugar tan importante como el derecho a la vida. Sin embargo, el derecho a la libertad no es de carácter absoluto, puede ser restringido siempre que cumpla algunas formalidades legales y cumpla con el debido proceso. En este artículo revisaremos los principales aspectos del procedimiento de habeas corpus, como acción constitucional protectora del derecho a la libertad, cuál es el objeto de esta acción y entender que no es un recurso ordinario del proceso penal Se trata de un repaso de antecedentes históricos del reconocimiento al derecho a la libertad, cómo está regulado en la constitución y las leyes panameñas, y cómo es su trámite en la actualidad bajo el sistema acusatorio.
EL PERDÓN DE LA VÍCTIMA en el Sistema Penal Panameño
Con la implementación en nuestro país del Sistema Penal Acusatorio, mediante la Ley 63 de 28 de agosto 2008, que adopta el Código Procesal Penal, se inicia una nueva realidad jurídica penal, de corte acusatorio, es decir, se priman los Derechos Fundamentales, como el respeto a la dignidad humana. Por lo cual, se analizó la novedosa y poco conocida figura del Perdón de la Víctima, en los procesos penales, misma que se encuentra vigente en el Código Penal de la república de Panamá. Anteriormente, la víctima no era parte del proceso de extinción de la pena, como la muerte del imputado, la prescripción, el desistir del proceso, cosa juzgada, el cumplimiento de la pena, el indulto, el acuerdo entre las partes; no obstante, ahora hay una figura nueva como el perdón de la víctima. El problema es, si hay delimitación específica para algunos casos determinados expresamente por la legislación penal o la figura existe y no se aplica.
Detención Provisional vs Libertad Bajo Cautela
Fecha de recepción, febrero 2020 Fecha de aprobación, noviembre 2020 Páginas: 6 The preventive detention or now called provisional detention has been throughout history one of the greatest evils of the Criminal Law; by means of the use of this merely instrumental measure our prisons, or subhuman dungeons have been throughout the years become saturated with inmates; either guilty or innocent. In this compendious, but substantial essay we intend to project that the deprivation of freedom under certain requirements should not become under any circumstance an anticipated punishment; considering the attacks that a person could suffer in a penitentiary center do not have atonement. Therefore, the judge, when deciding on the arguments of the parties, should demand a justified, proportional and suitable provisional detention or freedom under certain precautionary conditions.